¿Puede la salud pública transformar realmente las desigualdades sociales?
La salud pública suele presentarse como una palanca para lograr más justicia e igualdad. Sin embargo, a pesar de los compromisos éticos y los conocimientos acumulados, las desigualdades en salud persisten. La razón es simple: la salud pública no es un actor neutral ni todopoderoso. Se enmarca en un conjunto complejo de relaciones de poder, decisiones políticas y limitaciones institucionales que restringen su capacidad para actuar sobre las causas profundas de las desigualdades.
Tomemos el ejemplo de la atención materna en zonas rurales. Puede existir una clínica, pero carreteras en mal estado, costos elevados de transporte o normas sociales restrictivas impiden que las mujeres accedan a ella. La justicia en salud no se limita a la presencia de un servicio. Exige transformar las condiciones económicas, sociales y ambientales que hacen que algunas vidas sean más precarias que otras. Así, garantizar un acceso equitativo a la atención también implica combatir la pobreza, las discriminaciones y la inseguridad alimentaria.
Los enfoques tradicionales, como el de John Rawls, proponen redistribuir los recursos para ayudar a los más desfavorecidos. Durante la pandemia de COVID-19, los trabajadores de la salud, las personas mayores y quienes padecían enfermedades crónicas fueron prioritarios para la vacunación. Sin embargo, esta lógica se enfrenta a obstáculos estructurales. Por ejemplo, las patentes sobre las vacunas limitaron su producción en países pobres, mostrando que las reglas económicas globales pueden obstaculizar la justicia sanitaria.
Martha Nussbaum va más allá al señalar que la salud no depende solo del acceso a la atención, sino también de la capacidad de los individuos para vivir en condiciones dignas. En los barrios marginales, donde el hacinamiento, la falta de agua potable y la insalubridad son comunes, distribuir medicamentos no es suficiente. Los habitantes pueden carecer de documentos de identidad, lo que los hace invisibles ante las políticas públicas y dificulta el acceso a los programas de salud. La justicia en salud debe incluir, por tanto, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la lucha contra las exclusiones sistémicas.
El medio ambiente también desempeña un papel clave. Las comunidades expuestas a inundaciones, olas de calor o contaminación enfrentan riesgos sanitarios constantes, a menudo ignorados por los tomadores de decisiones. En los pequeños Estados insulares del Caribe, los huracanes destruyen viviendas y perturban la agricultura, sumiendo a las poblaciones en la inseguridad alimentaria y la precariedad. La justicia ambiental se vuelve entonces indisoluble de la justicia sanitaria.
Finalmente, la producción de conocimientos en salud pública plantea interrogantes. Las comunidades marginadas rara vez participan en la investigación, lo que lleva a políticas mal adaptadas a sus realidades. Un enfoque transdisciplinario, donde investigadores, profesionales y ciudadanos colaboran, permite responder mejor a las necesidades locales y redistribuir el poder de decisión.
La salud pública no puede conformarse con ser una ciencia de la prevención. Debe convertirse en un proyecto político, donde la lucha contra las desigualdades pase por la transformación de las estructuras sociales, económicas y ambientales que determinan quién puede estar sano y quién no. Esto implica actuar tanto en la atención, los derechos, el medio ambiente y la participación ciudadana, para que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo para todos.
Documentation et sources
Document de référence
DOI : https://doi.org/10.1186/s12982-026-01827-z
Titre : Health justice as a framework for transforming public health practice
Revue : Discover Public Health
Éditeur : Springer Science and Business Media LLC
Auteurs : Gilbert D. Bernardino; Ferdinand C. Tercero; Jonathan H. Ilagan; Julie E. Padilla; Sonia C. Olnanigon; Reuben Victor M. Laguitan; Don Eliseo Lucero-Prisno